Inhabilitado 20 años director de Medicina Legal en Putumayo

Una denuncia le costó la carrera a director de Medicina Legal en Putumayo, tras ser inhabilitado y sancionado.

Destituyen e inhabilitan por 20 años al director Seccional de Medicina Legal en Putumayo por presunto abuso de niña menor de 14 años de comunidad indígena.

La Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad de 20 años al director Seccional Putumayo – Dirección Regional Sur del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Félix Antonio Ávila López, por acceso carnal abusivo con menor de 14 años.

Las autoridades encontró responsable al funcionario por el acceso carnal a una menor perteneciente a la etnia Inga, quién para la época de los hechos contaba con 13 años. También demostró el segundo cargo endilgado a Ávila López por actos sexuales con menor de 14 años, y por inducirla a que observara el acceso a su amiga de 14 años, con lo que permitió que la víctima fuera testigo de hechos no adecuados para su formación.

La Procuraduría también confirmó que el funcionario utilizó la sede del Instituto de Medicina Legal para recibir a las menores con propósitos diferentes a la misión de la entidad, abusando de su cargo “en una oficina pública para realizar tocamientos y dar besos a las niñas a cambio de dinero, aprovechando las condiciones de vulnerabilidad familiar, afectiva y económica de la niña de 13 años”.

El Ministerio Público también encontró responsable a Ávila López de un tercer cargo, peculado por uso, porque utilizó la camioneta asignada a la dirección para trasladar a las menores a un motel.

El ente de control calificó la conducta de Ávila López en los tres cargos formulados como faltas gravísimas, a título de dolo, porque era consciente del comportamiento que desarrollada, máxime cuando era un tema que manejaba en su función como servidor público y en su condición de médico y director seccional del instituto de Medicina Legal en Putumayo, con lo que afectó “los derechos de la víctima menor de edad perteneciente a la comunidad indígena Inga, derechos que prevalecen sobre los demás por mandato constitucional”.

Afirma además que generó un daño social porque su proceder, que fue objeto de repudio ciudadano, ocasionó un grave perjuicio a la institucionalidad y legitimidad del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, agravado en el hecho de que su condición de directivo lo obligaba a tener un mayor respeto hacia su víctima.

Contra la decisión la defensora del disciplinado interpuso recurso de apelación que será resuelto por la Sala Disciplinaria.