Indígenas cumplen hora cero en Nariño por incumplimiento del Estado

Las autoridades indígenas confirmaron que se cumplirá la hora cero en la región nariñense ante los incumplimientos del Gobierno Nacional.

Así lo ratificó el gobernador indígena del cabildo de Guachavez y coordinador de la mesa de concertación, Jesús Libardo Caranguay, quien además, le dijo ABRA NOTICIAS que este 4 de mayo saldrán a las vías de hecho los indígenas Pastos y Quillasingas.

«El Gobierno Nacional ha hecho caso omiso a todas nuestras solicitudes presentadas en un pliego de peticiones. En una reunión con el gobernador departamental fuimos muy claros y le solicitamos el acompañamiento por parte de l a Gobernación para evitar entrar en roses o enfrentamientos con la Fuerza Pública», dijo el coordinador.

El dirigente manifestó que los pueblos Pastos y Quillasingas siempre se han acogido al diálogo, «no nos a gustado entrar temas de protesta o violencia sino llamar al diálogo y la concertación».

Agregó Caranguay que en ningún momento hemos pactado que se van a retirar la marcha, lo cual ya fue decretado en mesa de concertación la hora cero. «Ya están los puntos de encuentro definidos que por seguridad de toda la comunidad no vamos a decirlos, la jornada se cumplirá».

Por estos puntos es lo que la comunidad indígena se manifestará este 4 de mayo:

MANIFESTAMOS QUE:

1. El anuncio del presidente Iván Duque, de retirar el proyecto de ley de la reforma tributaria, no es garantía de que no se realicé un nuevo intento por parte del Gobierno Nacional de implementar un nuevo texto y entendemos este anuncio como una acción que pretende simplemente desmovilizar al pueblo colombiano.

2. Colombia experimenta un estallido social en un contexto de múltiples crisis, en las calles la ciudadanía colombiana se ha manifestado a través de la diversidad cultural, étnica y generacional. Los pueblos, las organizaciones e individuos expresamos durante estos últimos cuatro días nuestra indignación contra la realidad que nos oprime y estas expresiones pacíficas han sido reprimidas brutalmente por las fuerzas policivas del Estado, ocasionando la muerte de nueve marchantes hasta la fecha, un sin número de heridos y personas detenidas arbitrariamente.

3. Desde el inicio del mandato de Iván Duque, se han acrecentado las muertes, amenazas y desplazamientos de nuestras comunidades, se ha ignorado la problemática asociada a distintos factores como la defensa del territorio por actividades ilegales y extractivistas como el narcotráfico, el restablecimiento de la fumigación con glifosato, la minería legal e ilegal y la falta de una política integral que garantice sostenibilidad y bienestar económico en las familias campesinas e indígenas que viven en estos territorios, la falta de garantías laborales, educación, salud de calidad, etc.

4. La mejor manera de reestablecer la economía es dar fin a la corrupción gubernamental en manos del poder ejecutivo, legislativo y judicial, fortalecer la democracia y la política participativa.

RECHAZAMOS:
1. La vulneración de los derechos a través de las diferentes políticas que atentan contra la vida, la dignidad y la libertad del pueblo colombiano y de la madre tierra. La política de muerte y persecución sistemática a líderes sociales e indígenas del país.

2. El envenenamiento de nuestros territorios con aspersión de glifosato, el fracking y la minería que afecta nuestras semillas, la biodiversidad, la seguridad y soberanía alimentaria, las fuentes de agua y por ende la salud y la vida humana.

3. Las reformas perversas que cursan en este momento en el Congreso de la República, como el proyecto de ley 010 Senado – 425 Cámara que reforma el sistema de salud en Colombia, convirtiendo la intermediación del negocio de la salud en un auténtico monopolio.

4. El incremento desmedido en las tarifas de combustibles y peajes para automotores particulares, servicios de transporte de pasajeros, carga y encomienda en el Departamento de Nariño que se refleja hoy en el aumento de pago a los servicios, productos de la canasta familiar, que finalmente afecta a toda la población colombiana incrementando el hambre y la pobreza en los sectores más vulnerables.

5. Los incesantes intentos de regulación del derecho a la Consulta Previa para tratar de socavar los derechos fundamentales, colectivos e individuales de los pueblos indígenas.

6. El incumplimiento sistemático del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.

EXIGIMOS:
1. La presencia del presidente de la Republica en el territorio de los Pueblos Pastos y Quillasingas con sus ministros para la instalación inmediata de una mesa de diálogo y concertación en el Marco de la Mesa Regional Permanente de Concertación para el Desarrollo Integral de los Pueblos Pastos y Quillasingas (Decreto 2194 de 2013).

2. Retiro definitivo de la Reforma Tributaria y la Renuncia del señor Alberto Carrasquilla
Barrera ministro de hacienda y crédito público.

3. Renunciar a cualquier intento de Reglamentación del derecho fundamental a la consulta previa.

4. Derogar el decreto 380 del 2021 que permite la reactivación de la aspersión con glifosato en los territorios.

5. Retiro inmediato del proyecto de ley 010 Senado – 425 Cámara que reforma el sistema de salud en Colombia.

6. Cumplimiento de acuerdos y compromisos pactados con los diferentes sectores sociales en especial con las comunidades indígenas del país, como lo es el CONPES Agropecuario 3811 de 2014, la ruta de acuerdo establecida en el año 2019 por el Gobierno de Iván Duque en el Marco de la Mesa Regional Permanente de Concertación y el fortalecimiento del sector lácteo del Departamento de Nariño.

7. Cumplimiento del fallo de la tutela #2019-270500 del tribunal superior del distrito judicial de Bogotá y STP1841-2020 de la Corte Suprema de Justicia a favor de los Pueblos Pastos y Quillasingas que da plazo a la Agencia Nacional de Tierras ANT para la formalización de los territorios y dotación de predios con adquisiciones.

8. La implementación de políticas efectivas concertadas con las comunidades indígenas y campesinas para recuperar el Sector Agropecuario y la Economía Rural.

9. La Apertura inmediata de la frontera con Ecuador.

10. La reducción en el precio de los combustibles y la no instalación de un peaje adicional en el tramo Pasto – Ipiales – Rumichaca.

11. Respeto a los procesos autónomos legales adelantados por las Autoridades socias de MALLAMAS EPS – I ante el Ministerio del Interior, solicitud urgente del registro del Gerente General y respuesta inmediata de recursos interpuestos a la junta directiva de MALLAMAS EPS – I.

12. El respeto a la consulta previa para el Resguardo Indígena de Ipiales respecto al proyecto de la doble calzada Pasto – Rumichaca en el tramo Rosal de San Juan – Rumichaca.

13. Dar cumplimiento integral al acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.

14. Entre otras exigencias que se debatirán y se analizarán ampliamente en el marco de la instalación de la sesión de la Mesa Regional de Concertación.

Desde nuestro pensar, sentir y actuar tejemos resiliencia y resistencia como pueblos indígenas, desarrollando capacidades para sobreponernos a la adversidad actual con propuestas construidas desde las bases, así con entereza:

CONVOCAMOS:
1. A todas nuestras comunidades indígenas del Departamento de Nariño, comunidades campesinas, clase obrera y popular y a toda la población nariñense a instalarnos en las vías nacionales en los diferentes puntos de concentración en la fecha y hora señalada conforme a la instrucción de nuestras Autoridades Indígenas.

2. A que, durante estas jornadas de movilización nos sigamos cuidando a través del uso adecuado de tapabocas, desinfección constante de manos y distanciamiento físico, para salvaguardar nuestra salud y finalmente.

HACEMOS RESPONSABLE:
1. Al presidente Iván Duque por cada contagio registrado en el marco de estas justas movilizaciones sociales, ya que su mal liderazgo y políticas nos obligan a concentramos en las vías del país.

2. Al Gobierno Nacional, Departamental y Local por cualquier intento de represión contra la movilización pacifica que emprenden nuestras comunidades.

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