Investigadores desarticularon una red delictiva señalada de elaborar y comercializar agroquímicos falsos afectando al sector agropecuario.
Gracias al trabajo articulado de la Fiscalía General de la Nación, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y el Gaula Militar fueron capturadas 10 personas e incautadas 50 toneladas de insumos, maquinaria y producto terminado.
Destrucción de cosechas, efectos adversos en los alimentos, riesgo inminente para la salud humana y contaminación de los recursos naturales serían algunas de las consecuencias graves e irreversibles que, según la evidencia obtenida por la Fiscalía General de la Nación, generaban los agroquímicos alterados o fraudulentos que elaboraba y distribuía una red delincuencial.
Investigadores del CTI, adscritos a la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, capturaron a 10 presuntos integrantes de la organización ilegal en Cúcuta (Norte de Santander), Bucaramanga y Floridablanca (Santander), Bogotá y Espinal (Tolima).
En 19 diligencias fueron incautadas más de 50 toneladas de precursores líquidos y sólidos, producto terminado y maquinaria.
Los procedimientos contaron con el apoyo del Gaula Militar y el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), que otorgó el concepto técnico sobre la legalidad, calidad y autenticidad de los insumos que fueron materia de inspección. Andamiaje criminal Esta estructura delictiva, al parecer, ingresaba las sustancias químicas de contrabando, vencidas y en mal estado por la frontera con Venezuela.
En casas de familia y bodegas, supuestamente, las mezclaban y rendían indiscriminadamente con distintos elementos tóxicos, las envasaban y rotulaban como herbicidas, fungicidas e insecticidas. Posteriormente, las comercializaban y enviaban a diferentes puntos del país en buses intermunicipales, vehículos de transporte escolar o como encomiendas.
De acuerdo con el material de prueba, al servicio del andamiaje ilícito había litografías dedicadas a simular las etiquetas, sellos y distintos mecanismos de seguridad de marcas reconocidas en el sector agropecuario; así como fábricas de empaques plásticos, tapas, cajas y todo lo necesario para darle la apariencia de autenticidad a las falsificaciones.
Adicionalmente, eran creadas empresas que, en realidad, servirían de fachada porque no tenían aval ni cumplían los protocolos de las autoridades competentes para el manejo de herbicidas, fungicidas e insecticidas.
Los indicios dan cuenta de que los productos alterados o fraudulentos habrían sido vendidos a distribuidores y agricultores de la Costa Atlántica, los Llanos Orientales, Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Cundinamarca, Tolima, Huila y Arauca, entre otras zonas.
Fiscales del Eje Temático de Propiedad Intelectual de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos presentaron a los 10 detenidos ante jueces de control de garantías y les imputaron los delitos de: fabricación y comercialización de sustancias nocivas para la salud, usurpación de derechos de propiedad industrial, y concierto para delinquir.
Los investigados son:
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