La Defensoría del Pueblo, con su Delegada para los Derechos de la Población en Movilidad Humana, Dirección Nacional de Recursos y Acciones Judiciales y Regional Nariño, realizó en Pasto una mesa de trabajo con líderes migrantes y funcionarios de la Secretaría de Salud de Nariño, en la que fueron socializadas las problemáticas para el acceso a derechos de la población migrante y caminante en tránsito.
En la vía Panamericana, corredor utilizado por los migrantes, a partir de un trabajo hecho en terreno por los funcionarios de la Defensoría, la entidad garante de los derechos humanos encontró que hay ocho municipios nariñenses como Taminango, Chachagüí, Pasto, Tangua, Contadero, Iles, Imués e Ipiales, pero tres de ellos (Taminango, Pasto e Ipiales no cuentan con un escenario interinstitucional creado para la gestión de la migración internacional.
“Ninguna de estas poblaciones cuenta con cifras consolidadas sobre migrantes, refugiados y connacionales retornados, tanto de tránsito como con vocación de permanencia. Los datos que tienen, refieren algunos casos puntuales en lo relacionado con la vinculación a la seguridad social en salud”, manifestó el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
Atención a NNA y educación
La atención de niñas, niños y adolescentes (NNA) migrantes está desbordada. No obstante y según un reporte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), desde el 2021 hasta la fecha habría atendido únicamente a seis NNA caminantes y migrantes en tránsito en su Centro Zonal de Taminango.
Adicionalmente, fueron reportados bajos niveles educativos y altos niveles de ausencia y desescolarización de NNA; la razón, la precariedad económica de sus familias, la desestabilización y la constante migración.
Dificultades presupuestales
Los ocho municipios indicaron no contar con capacidad de respuesta para la atención de la población migrante en tránsito y con vocación de permanencia. “Sus dificultades pasan por lo presupuestal y la capacidad técnica del recurso humano, especialmente en la disponibilidad de albergues, seguridad alimentaria, saneamiento, higiene, acceso al agua potable, entre otros servicios de asistencia humanitaria”, dijo Carlos Camargo Assis.
En Taminango, además, la presión sobre la respuesta institucional es mayor en lo que tiene que ver con la ubicación del municipio, con entrada y salida del departamento, y a su vez con ingreso a las poblaciones de cordillera, donde el conflicto armado convierte al casco urbano en receptor de población víctima y población migrante con necesidad de protección internacional.
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