Ante tropas del Ejército Nacional en el Cauca se presentaron voluntariamente dos presuntos cabecillas de grupos armados.
La acción sería por la ofensiva militar que lleva operaciones sobre el área de injerencia de estas estructuras residuales.
En Puerto Tejada, norte del departamento del Cauca, y con el fin de iniciar su proceso de sometimiento a la justicia, se presentó voluntariamente el un hombre conocido con el alias de Santiago, quien habría asumido como cabecilla de comisión del grupo de las disidencias Franco Benavides.
Según las autoridades, a ‘Santiago’ se le atribuye la participación del desplazamiento masivo de la población civil en la vereda Las Mercedes, del municipio de El Charco, Nariño. De igual forma, sería el presunto responsable del asesinato de tres personas sobre el sector de Sidón, en el municipio de Policarpa.
Al parecer también estaría encargado de realizar coordinaciones para llevar a cabo homicidios selectivos, incrementar la cadena del narcotráfico en todos sus eslabones; extorsión, secuestro y desplazamiento en la comunidad de los municipios de El Charco, Magüí Payán, Roberto Payán, El Tablón, Policarpa y Cumbitara, en Nariño.
En el mismo municipio del norte del departamento del Cauca, se presentó voluntariamente ante las tropas una segunda persona señalada de ser alias Camilo, con el fin de someterse a la justicia. Tendría una trayectoria de más de 3 años en esta estructura, y al parecer sería el cabecilla de la comisión del grupo de las disidencias Jaime Martínez.
Además, las autoridades indicaron que alias Camilo es el presunto responsable de varias acciones criminales en el Cauca, como homicidios selectivos en los meses de marzo y diciembre de 2020 y julio de 2021, que dejaron como resultado a cuatro personas asesinadas en los municipios de Morales y El Tambo; hostigamientos a la Fuerza Pública en zona rural de Cajíbio, en abril de 2020 y septiembre de 2021.
Con estos resultados el Ejército Nacional continúa trabajando en pro de salvaguardar a la población civil del suroccidente del país, para mantener el orden público, y con ello evitar graves vulneraciones a los derechos humanos.
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