Hackers piden pagos por secuestro de información de páginas web del Estado
La Defensoría del Pueblo rechaza los recientes ciberataques que han afectado de manera significativa la infraestructura crítica del Estado colombiano, lo cual ha puesto en riesgo la vida de millones de personas que dependen de servicios esenciales; particularmente, han afectado a quienes necesitan acceso urgente a servicios de salud y de justicia.
Estos ataques han tenido un impacto grave en las plataformas de la Superintendencia de Salud, el Ministerio de Salud, la Superintendencia de Industria y Comercio, el Consejo Superior de la Judicatura, como también en sistemas del sector cultural.
“Todo esto está ocurriendo por cuenta de un ciberataque a una empresa que ofrece servicios tecnológicos y donde están alojados incontables servicios digitales en Colombia y fuera del país. Esta situación no solo pone en riesgo los derechos fundamentales, sino que también amenaza la seguridad y el bienestar de todos los colombianos”, afirmó el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
La situación es de extrema gravedad, lo que lleva a reflexionar sobre la soberanía tecnológica del país y su dependencia de servicios de terceros que manejan los datos de millones de personas. “Los ciberataques a entidades gubernamentales o estatales pueden vulnerar varios derechos humanos y fundamentales de los ciudadanos, incluyendo los derechos a la privacidad, al acceso a la información, a la seguridad y a la justicia”, explicó Camargo Assis.
La Defensoría del Pueblo hace un llamado urgente a defender los derechos de los colombianos y a trabajar en conjunto con las autoridades correspondientes para mitigar los impactos de estos ciberataques y garantizar la protección de los derechos fundamentales de las personas.
“Continuaremos vigilantes y trabajaremos en conjunto con las autoridades correspondientes para hacerles frente a los impactos generados por los ciberataques, con el objetivo de garantizar la protección de los derechos de los colombianos en ambientes digitales o derivados del uso de nuevas tecnologías”, indicó el Defensor del Pueblo.
La Defensoría del Pueblo, a través de su Delegada para la Protección de Derechos en Ambientes Digitales y Libertad de Expresión, mantendrá un seguimiento constante a la situación que ha impactado de manera significativa los derechos de los usuarios.
“Reafirmamos nuestro compromiso para trabajar en estrecha colaboración con las autoridades pertinentes para garantizar que se tomen medidas efectivas que restauren la integridad de los sistemas y protejan los derechos de los ciudadanos”, aseguró Carlos Camargo Assis.
Y finalizó diciendo que la Defensoría del Pueblo continuará siendo una voz sólida en la defensa de los derechos digitales: “También, en la lucha contra cualquier amenaza que ponga en peligro la seguridad y el bienestar de los colombianos en el entorno digital”.
Los hackers ahora exigen un pago en criptomonedas para liberar la información que tienen secuestrada de 34 páginas web del Estado colombiano entre ellas de la Salud, Rama Judicial entre otras.
En total son alrededor de 64 las páginas secuestradas en Colombia del sector público y privada.
Ante la gravedad de los hechos el Gobierno decidió suspender los términos judiciales hasta el 20 de septiembre hasta mientras tanto se arregle la situación.
Así mismo los ciberataque fueron en los países de Chile y Argentina, pero sería 700 las páginas que sufrieron el ataque en América Latina
